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y otras no, podemos encontrarnos con que inmigrantes con permisos concedidos en Andalucía acaben en la Comunidad de Madrid".
El recurso contencioso administrativo está basado en dos argumentos, según explicó el consejero de Inmigración y Cooperación de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. El primero hace mención al artículo 149 de la Constitución, que señala que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre (...) nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". El segundo incide en el hecho de que el Gobierno ha reformado el Reglamento antes de haber modificado la propia ley, lo que, a juicio de Fernández-Lasquetty, vulnera los principios constitucionales de legalidad y jerarquía normativa.
La reacción de la presidenta Aguirre tiene un calado político que va más allá de la inmigración. Lo que hace la presidenta madrileña es echar sal en la herida del Estatuto de Cataluña, que fue avalado por el Gobierno y recurrido por el PP, y que se halla pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Así lo ha entendido el Gobierno catalán, para el que la decisión de Aguirre "demuestra el carácter antiautonómico del PP". El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, aseguró ayer que el recurso es una muestra de que al PP "siempre le va bien ir contra Cataluña" y calificó de "insólito" e "incomprensible" que una comunidad autónoma recurra contra una competencia de otra comunidad. "El traspaso no supone ninguna invasión de competencias, sino mayor